Régimen de promoción a la economía del conocimiento

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Novedad Legal

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

La autoridad de aplicación completó la reglamentación sobre el régimen de promoción


El 18 de octubre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 449/2019 (“Resolución”) que reglamenta la Ley Nº 27.506 (“Ley de Economía del Conocimiento”) y su Decreto Reglamentario Nº 708/2019, informados en nuestras novedades legales de fecha 10 de junio de 2019 (ver novedad) y 17 de octubre de 2019 (ver novedad).

La Resolución establece precisiones respecto: (i) de los rubros incluidos, (ii) del cumplimiento de los requisitos, (iii) del procedimiento para la inscripción en el registro y (iv) del procedimiento para los beneficiarios de la Ley Nº 25.922.

En lo que respecta a los rubros, a efectos de determinar la actividad principal promovida por la ley, se atenderán a los códigos del CLAE (RG 3537/2013) que se encuentran listados en el Anexo II de la Resolución. Cuando exista facturación por actividad correspondiente a otros códigos, no será tomada en consideración para el cumplimiento del requisito de actividad principal.

En cuanto al requisito de mejoras, deberá presentarse una declaración jurada y acompañar constancias de las mejoras incorporadas, las cuales comprenden (i) aquellas incorporadas por aplicación o introducción de procesos y/o programas de mejora de productividad, gestión y/o calidad del INTI, del INTA u otros organismos autorizados. Deben contar con carga horaria de dedicación del instituto superior a 90 horas por programa completo; e (ii) inicio de la tramitación de certificación de normas de calidad. Podrá ser utilizado por única vez respecto de una misma certificación de calidad y debe acreditarse la obtención en un lapso no mayor a un año desde el inicio. Serán admisibles certificaciones aplicables a procesos, productos o servicios y sus recertificaciones emitidas por entidades acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) u organismo miembro del International Accreditation Forum (IAF) siempre que se relacionen directamente con la actividad principal declarada. Se listan las normas de calidad admisibles en el Anexo V.

En cuanto a la Investigación y Desarrollo (“I+D”), deberá presentarse una declaración jurada y acompañar facturas y constancias de pago de las erogaciones. Se entiende por I+D al trabajo creativo para transformar una idea nueva o preexistente en un nuevo conocimiento, producto, servicio u obra intelectual. Existen tres categorías: investigación básica (generación de nuevo conocimiento abstracto sin finalidad previa), aplicado (nuevo conocimiento, producto o servicio u obra intelectual con finalidad previa) y experimental (fabricación o puesta a punto de un piloto o modelo original de un conocimiento, producto o servicio u obra intelectual). Las erogaciones deben contar con relación directa con la actividad promovida.

No se consideran I+D: (a) la solución de problemas técnicos superados en proyectos anteriores, mantenimiento, conversión o traducción de lenguajes informáticos, adición de funciones o preparación de documentación para el usuario, garantía o asesoramiento de calidad de sistemas no repetibles existentes; (b) la actividad de recolección rutinaria de datos, elaboración de estudios de mercado para comercializar actividades o productos; (c) las actividades financiadas con fondos o beneficios fiscales de organismos públicos y (d) los gastos indirectos como transporte, viáticos, comida u hospedaje.

En lo que respecta al requisito de capacitación, debe presentarse la declaración jurada y los comprobantes de gastos y certificados emitidos por el capacitador.

Se admiten las capacitaciones por Unidades Capacitadoras inscriptas en el Registro de Unidades Capacitadoras y las capacitaciones realizadas en el exterior. No se admiten capacitaciones de las cuales se hubieran obtenido otros beneficios fiscales del Estado Nacional.

En caso que la facturación provenga de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de un bien de actividades promovidas, deberá acompañarse certificación contable que el 70% de la facturación se debe a dicho producto proveniente de la actividad desarrollada en el país y no a otros.

De no contar con actividad ni facturación previa, deberá presentarse una declaración jurada juntamente con un cuadro con la información de la nómina de trabajadores, su identificación, rol y salarios; el modelo de negocios con la explicación del bien o servicio que desarrolla dentro de las actividades promovidas, potenciales clientes, descripción y segmentación de potenciales usuarios, canales de distribución, flujo de ingresos y una declaración manifestando que no ha realizado venta o comercialización de bienes o servicios con el compromiso de notificar dentro de los 10 días de haber efectuado la primera.

Toda la documentación correspondiente a la solicitud será presentada mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) e implicará la conformidad y conocimiento de la misma y de la normativa. Deberá aportar documentación e información relativa a los últimos 6 meses inmediatos anteriores a la solicitud.

La Dirección Nacional analizará la documentación y verificará el cumplimiento de los requisitos. De haber observaciones, se notificará al solicitante otorgando un plazo de 10 días hábiles para subsanar las deficiencias. De incumplir, se considerará la caducidad del pedido.

El acto que ordene la inscripción indicará la decisión de su inclusión en el Registro y el Régimen con mención a las actividades y rubros de la actividad principal. El acto que rechace la inscripción será notificado al solicitante por la plataforma TAD.

Los beneficiarios deberán acreditar anualmente el cumplimiento de los requisitos, lo cual será cumplido entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de cada año calendario. Deberá presentar los mismos formularios requeridos para la solicitud de inscripción y la documentación e información pertinente respecto de los 12 meses del año calendario anterior junto con las constancias de pago de la tasa de verificación y control y del aporte al FONDCE.

Por último, en lo que respecta a los beneficiarios de la Ley de Software N 25.922, deberán manifestar su voluntad de ser incorporados provisoriamente al Registro hasta el 31 de diciembre de 2019 a fin de gozar de los beneficios a partir del 1 de enero. Aquellos que sean incorporados provisoriamente podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos especiales que se fijan en la Resolución hasta el 30 de junio de 2020.

La falta de presentación en dicho plazo no impide la tramitación de la inscripción, pero deberá efectuarse bajo el régimen previsto en el Título III de la Resolución, rigiendo los beneficios a partir de ese momento.

En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Ariadna Artopoulos y/o Francisco Altamirano.