COVID - 19 - Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas

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Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas

Por Resolución N° 144/2020, publicada el 2 de junio de 2020, el Ministerio de Seguridad aprobó el “Protocolo General para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas” (en adelante, el “Protocolo”) con el fin de establecer principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que se desarrollen en el espacio cibernético -únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas-  por los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, cuyo acaecimiento sea previsible y en relación con el coronavirus COVID-19, atendiendo al desarrollo de la criminalidad vinculada con:

·         La comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos,

·         La venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competent,

·         Los ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente a hospitales y a centros de salud,

·         El desarrollo de indicios relativos a los delitos cuyo medio comisivo principal o accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de realizar acciones tipificadas penalmente en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal y a los que hace referencia el Decreto N° 260/2020 y su modificatorio, tales como: (i) la trata de personas, (ii) el tráfico de estupefacientes, (iii) el lavado de dinero y terrorismo, (iv) conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género (v) amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación (vi) delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación y (vii) distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

 

Este Protocolo estará vigente a partir del 2 de junio de 2020 y durante el plazo de la emergencia pública.

 

Para acceder a la Resolución 144/2020 y el Protocolo completo anexo a esta Resolución, haga click aquí

 

Nuestra Opinión

 

El Protocolo aquí resumido se suma a las medidas impuestas por autoridades para asegurar el cumplimiento de medidas de controles a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos y de insumos sanitarios críticos en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. De esta forma, con este  Protocolo las fuerzas de seguridad podrán monitorear y advertir a la justicia delitos informáticos previstos en el Código Penal que infrinjan las medidas tomadas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio mediante la utilización de fuentes digitales abiertas.

 

En materia de ciberdelicuencia, la Interpol, la Europol y en Argentina la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECI) han reconocido que hubo un aumento de delitos informáticos contra usuarios y hospitales e instituciones clave en la lucha contra el coronavirus, a través de ataques de ransomware, malware, espionaje, participación inapropiada (“booming”) durante teleconferencias de terceros y de extorsión y estafa (phising y smishing). Por su parte, en materia de protección de datos personales, la Agencia de Acceso a la Información Pública ha puesto en manifiesta la necesidad de garantizar una mayor protección de los datos personales y, en particular, de datos sensibles relacionados con la salud durante el COVID-19.

 

Asimismo, mediante Resolución 30/2020 la Agencia de Información Pública ya sancionó anteriormente a la Policía Federal por una filtración de escuchas telefónicas, legajos y huellas digitales en poder de este en infracción a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, por haber incumplido con los protocolos de seguridad, y por haber violado el deber de confidencialidad.

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, el Protocolo define las fuentes digitales abiertas como aquellos “medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales y sus normas reglamentarias” e incluye principios como la protección de la razonable expectativa de privacidad, de los datos personales, de la libertad de expresión y no criminalización de protesta a través de redes sociales para evitar prácticas discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad y evitar lesionar los derechos de libertad de expresión.

 

En este sentido, establece que las tareas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad deben ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales, con particular atención respecto de datos sensibles, omitiendo aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien una intención de delinquir. Asimismo, deberán descartar toda posibilidad de acumulación de registros relativos a las personas, debiéndose proceder a su efectiva destrucción luego de concluida la actividad preventora. Siguiendo esta línea, el Protocolo prohíbe que en las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas se:

 

·         Obtenga información, produzca inteligencia o almacenen datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción,

·         Empleen métodos ilegales o violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información,

·         Comunique o publicite información sin autorización,

·         Incorporen datos o información falsos,

·         Consideren como fuente de información a los sistemas de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público; o datos que han sido publicados en fuentes abiertas como resultado de una filtración de información privada,

·         Utilicen fuentes digitales abiertas para monitorear y observar detenidamente individuos o asociaciones, como así también para obtener información sobre cualquier acción que implique el ejercicio de los derechos a la protesta social y a la disidencia política,

·         Almacenen los datos personales relevados a través del uso de fuentes digitales abiertas en registros o bases de datos, cuando no dieran lugar a actuaciones judiciales.

También se incluyen en el Protocolo principios que propenden a la transparencia, rendición de cuentas y publicidad de los actos de las fuerzas policiales.

En caso de requerir mayor información, no dude contactarse con Marcelo den ToomAdrián FurmanFrancisco Zappa y/o Nadine Bengtsson.