Régimen de promoción a la Economía del Conocimiento

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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Ciertas actividades se beneficiarán con reducciones e incentivos fiscales por diez años.

El 10 de junio de 2019 se publicó la ley Nº 27.506 (“Ley de Economía del Conocimiento”) en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Se crea un régimen de promoción desde el 1º de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029 para las empresas cuya actividad principal sea el desarrollo de software y la prestación de servicios informáticos y digitales; biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones; servicios profesionales –siempre que sean de exportación-; fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones, procesos digitales y de automatización en la producción; actividades de ingeniería; y ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

Se considera que cumplen con el requisito de actividad principal cuando el porcentaje de la facturación de las actividades mencionadas representa al menos un 70% del total de la misma.

En el caso de contar con autodesarrollo de las mencionadas actividades, las cuales se entienden como realizadas por una persona jurídica para su uso propio o de empresas vinculadas societaria y/o económicamente que revistan el carácter de usuario final, la facturación correspondiente podrá ser computada a los fines de determinar si reviste el carácter de actividad principal, en la medida que sea de exportación.

Las entidades deberán inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: (i) realizar mejoras continuas en la calidad de los servicios, productos o procesos, (ii) acreditar erogaciones en actividades de investigación y desarrollo de las actividades promovidas en al menos un 3% de la facturación total o capacitación de empleados en al menos un 8% de la masa salarial total, o (iii) exportar bienes o servicios que surjan del desarrollo de las actividades promovidas en al menos un 13% de la facturación total.

Para el caso de micro empresas con antigüedad menor a 3 años, únicamente deberán acreditar que desarrollan en el país, por cuenta propia y como actividad principal alguna de las promovidas por la ley.

Los principales beneficios del régimen son: (i) estabilidad fiscal para todos los tributos nacionales y derechos de importación y exportación. La ley invita a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar el mismo incentivo y la carga se considerará en forma separada en cada jurisdicción; (ii) disminución de las contribuciones patronales en virtud de la detracción por cada empleado registrado del monto máximo previsto en el artículo 4 de Decreto 814 (actualmente $17.509,20); (iii) reducción al 15% de la alícuota del impuesto a las ganancias, en la medida en que se mantenga la nómina de personal; (iv) no sujeción a retenciones ni percepciones en el impuesto al valor agregado y; (v) deducción de un crédito por los gravámenes análogos efectivamente abonados en el exterior respecto de las ganancias de fuente argentina, hasta el límite del incremento de la obligación tributaria originada por la incorporación de dichas ganancias.

Los beneficiarios deberán aportar anualmente, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), un monto equivalente de hasta el 1,50% del total de los beneficios que le hayan sido otorgados y pagar una tasa, que no podrá exceder el 4% del monto de los beneficios fiscales obtenidos, a los fines de solventar las tareas de verificación y control del régimen.

En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Ariadna Artopoulos y/o Francisco Altamirano.