COVID-19 Abstención de corte de servicios esenciales en caso de mora o falta de pago

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COVID-19 ABSTENCIÓN DE CORTE DE SERVICIOS ESENCIALES EN CASO DE MORA O FALTA DE PAGO – DNU 311/2020

El Poder Ejecutivo Nacional estableció que ciertos servicios considerados indispensables para la vida diaria en el contexto de la pandemia por el COVID-19 no podrán ser suspendidos o cortados por mora o falta de pago.

La medida fue adoptada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311/2020. Regirá por 180 días corridos a partir del 25 de marzo de 2020 y alcanza a los siguientes servicios:

- Energía eléctrica
- Gas por redes
- Agua corriente
- Telefonía fija o móvil
- Internet
- TV paga (por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital)

La imposibilidad de interrumpir el servicio aplica en caso de falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020. No se aplica para cuando las empresas prestadoras deban cortar los servicios por razones de seguridad (por ejemplo, siniestros en las redes, incendios, derrumbes, etc.).

En todos los casos, las prestadoras deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas en análisis.

No obstante, el DNU deja abierta la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV paga puedan implementar en estos casos un servicio reducido, conforme lo establezca la posterior reglamentación.

Usuarios alcanzados


Por el momento, los únicos usuarios beneficiados por esta medida son:

- Usuarios residenciales que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo
- Usuarios residenciales que son beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 33.750)
- Usuarios residenciales inscriptos en el Régimen de Monotributo Social
- Usuarios residenciales que son jubilados o pensionados y que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($ 33.750)
- Usuarios residenciales que son trabajadores en relación de dependencia y que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($ 33.750)
- Usuarios residenciales que son trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 33.750)
- Usuarios residenciales que perciben seguro de desempleo.
- Usuarios residenciales que son electrodependientes (Ley 27.351)
- Usuarios residenciales incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley 26.844)
- Usuarios residenciales que están exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
- Usuarios no residenciales que califican como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia
- Usuarios no residenciales que son Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) afectadas en la emergencia
- Usuarios no residenciales que son instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia
- Usuarios no residenciales que califiquen como Entidades de Bien Público y contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Usuarios con modalidad prepaga

En caso de que los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica no abonen la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras de todas formas deberán brindarlo de manera normal y habitual durante 180 días.

Asimismo, para los usuarios que cuenten con sistema de servicio prepago de telefonía fija y móvil o Internet, las respectivas empresas prestadoras quedan obligadas a mantener un servicio reducido conforme se reglamentará y a garantizar la conectividad hasta el 30 de abril de 2020.

Precio del GLP


Por último, el DNU establece que durante 180 días continuarán los valores vigentes de los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, cilindros y/o granel con destino a consumo del mercado interno.

La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Para acceder a la norma comentada, haga clic aquí.

En caso de necesitar mayor información, no dude en contactar a Francisco M. Gutiérrez y/o Ignacio González Zambón.