Se aprueba la ley que otorga amplios poderes al Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública

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SE APRUEBA LA LEY QUE OTORGA AMPLIOS PODERES AL PODER EJECUTIVO PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA

El 5 de febrero de 2020 el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley que otorga al Poder Ejecutivo amplios poderes para reperfilar o reestructurar la deuda pública emitida bajo ley extranjera.

La ley declara que la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública es prioridad para la República Argentina y autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones de administración de pasivos, canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y capital de los títulos públicos emitidos bajo la ley extranjera.

La ley se aprobó en cumplimiento del cronograma divulgado por el Ministerio de Economía el 29 de enero de 2020, que prevé el lanzamiento de la oferta a acreedores y reuniones de roadshows para la segunda semana de marzo. El cronograma se encuentra disponible aquí.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, que está facultado para incluir en la documentación contractual cláusulas de sujeción de la República a los tribunales extranjeros y de renuncia a la defensa de la inmunidad soberana, exclusivamente en lo que respecta a las transacciones involucradas en el proceso de reestructuración de deuda y con las excepciones habituales con respecto a los activos no alcanzados por este tipo de reclamos, como las cuentas del Banco Central de la República Argentina, activos sujetos al dominio público argentino, activos diplomáticos o militares, entre otros.

La ley otorga amplios poderes al Ministerio de Economía para realizar cualquier acto necesario para completar el proceso, entre otros, (i) emitir nuevos títulos de deuda con el objeto de modificar el perfil de vencimientos de intereses y capital; (ii) determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos para la emisión de los nuevos títulos; (iii) designar asesores financieros como coordinadores y colocadores (cuyas comisiones no podrán exceder el 0,1% del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado); y (iv) designar agencias calificadoras de riesgo y otros agentes necesarios.

La ley – que será publicada en el Boletín Oficial bajo el Nº 27.544 - es de orden público y estará en vigencia durante el período de emergencia establecido en el artículo 1 de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública Nº 27.541 (ver nuestra novedad legal), es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020.

En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Tomás M. Araya, María Victoria Tuculet o Santiago Bengoechea.